¿Ahora expulsamos a los inmigrantes legales?

El gobierno socialista ha dado un golpe de timón y se ha aferrado al ala dura europea respecto de la política de inmigración. El ministro de Trabajo e Inmigración ha tenido una idea "brillante". Parece que el problema de recesión (ohhh, terror) se soluciona con echar a los inmigrantes legales. Pero se ha apurado en aclarar que sólo se irán los que lo quieran hacer voluntariamente. Faltaría más, ministro, estamos en un Estado de Derecho y el rule of law impide que una persona que se encuentra con sus papeles en regla sea expulsado por la voluntad caprichosa de un político.
Analicemos la medida.
Desde un punto de vista económico es un desastre. Se promete a los inmigrantes que vuelvan a sus paises de origen que se les pagará el importe del paro que tengan acumulado. ¿Cuál es la lógica económica del seguro de desempleo? Por un lado proveer al desempleado un colchón, un medio de subsistencia para que tenga las necesidades básicas cubiertas. Por otro lado, y de forma menos altruista, es que la demanda agregada (la de toda la economía) no se sienta tan resentida en caso de aumento del desempleo. Este tipo de política que se financia con un porcentaje del salario de los trabajadores suaviza los ciclos de la economía haciendo las caídas menos duras y las subidas menos pronunciadas. Sin embargo, si lo que hacemos es transferir esos recursos al exterior, lo que haremos es quitar dinero de nuestra economía. Es decir que esa potencial demanda que pueden generar los parados vía seguro de desempleo se esfuma y se va al exterior, a financiar aumento de demanda agregada de terceros países. Por tanto, primera conclusión: la medida carece de lógica económica.
Desde un punto de vista político es una medida perniciosa. ¿Qué mensaje damos a la sociedad? En realidad a los que han hecho los deberes y están como inmigrantes legales y pagan sus impuestos, les damos una palmadita en el hombro y les echamos (el ministro dirá eufemísticamente que les invitamos a irse). En cambio, nos quedaremos con los inmigrantes ilegales, que no contribuyen a la seguridad social ni al IRPF, ya que su condición no lo permite.
Una política migratoria sin ningún sentido, ni político ni económico, fruto del oportunismo y la insensatez de unos políticos a los que les queda grande el cargo que ocupan.